Bruselas, 21 de marzo de 2014. El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia debe ser suspendido temporalmente, según el eurodiputado alemán Jürgen Klute, a la luz del posible quebrantamiento del principio del estado de derecho en Colombia provocado por la reciente decisión de las autoridades colombianas de destituir sin juicio previo a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá y segunda personalidad electa más relevante de Colombia después del presidente Juan Manuel Santos.

La polémica y presuntamente irregular destitución de Gustavo Petro y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años, ordenadas por el presidente colombiano Santos el 20 de marzo constituyen una grave violación del proceso legal y del sistema internacional de defensa de derechos humanos, porque no acatan las medidas cautelares legalmente vinculantes dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Petro ese mismo día. Tales medidas cautelares especificaban claramente que el gobierno colombiano debe poner fin a la decisión de destitución e inhabilitación y restituir a Petro a la alcaldía a la espera de la correspondiente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IACHPR).

Según Jürgen Klute, miembro del Parlamento Europeo como representante del Grupo Izquierda Unida Europea, esta maniobra irregular contra Petro está cuestionada porque revela una preocupante ruptura respecto de la jurisprudencia colombiana y una inquietante falta de sujeción a medidas cautelares específicas y al sistema legal internacional en que se basan. Para impedir que el gobierno colombiano incumpla aspectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la UE, Klute llama a suspenderlo hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie al respecto. Klute va a dirigirse a la Comisión Europea expresando su preocupación por este supuesto quebrantamiento del estado de derecho y solicita la inclusión de este asunto como "urgencia en derechos humanos" en la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo para expresar su preocupación sobre esta supuesta violación del estado de derecho y solicitando la inmediata suspensión del TLC.

"Incumplir las medidas cautelares equivale a desobedecer al poder judicial. Eso significa que el presidente colombiano, el gobierno colombiano y el estado colombiano desacatan de forma seria las resoluciones de la CIDH y del derecho internacional", explica Jürgen Klute. "Actuar así constituye una grave falta de respeto hacia el estado de derecho, los derechos humanos y la democracia, que son mencionados explícitamente en el artículo 1 del TLC entre la UE y Colombia como su fundamento mismo. En estas circunstancias, solicito al Parlamento Europeo que deje en suspenso el TLC entre UE y Colombia hasta que el caso Petro sea juzgado con plenas garantías legales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como correctamente estableció el CIDH", observa Klute.

"Aparentemente el caso Petro tiene un carácter ilegal, arbitraria, infundado y motivado políticamente", reflexiona Klute. "Pero más allá de eso, la desobediencia al sistema legal y el irrespeto a la Constitución colombiana, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales firmados por Colombia muestran lo poco fiable que es hoy el estado de derecho y despierta serias dudas sobre la voluntad de las autoridades colombianas de cumplir con las previsiones sobre derechos humanos del TLC y otras obligaciones legales internacionales. Ahora mismo, la Unión Europea no puede permitirse dejar este TLC en vigor tal cual. Por eso pido al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que suspenda el TLC, que espere a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos arroje luz sobre él, y después que actúe en consecuencia", añade Klute.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye el sistema de defensa de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y es respetada a nivel mundial como un agente clave para la defensa de los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley.