Bruselas, 20 de Noviembre del 2013

A la atención de,

Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton,

Comisario Europeo del Desarrollo, Andris Piebalgs,

Comisaria Europea de la Cooperación Internacional Georgieva Kristalina

Comisario Europeo del Comercio, Karel De Gucht

Nosotras y nosotros, diputadas y diputados europeos, manifestamos nuestra preocupación por el proceso de acaparamiento de tierras que se está presentando en Colombia. Grandes compañías, incluyendo varias transnacionales, han estado comprando tierras en una zona al Oriente del país, conocida como la Altillanura, con el objetivo de desarrollar proyectos agroindustriales.

Este proceso se ha adelantado violando la legislación colombiana, que establece que las tierras públicas deben ser adjudicadas a trabajadores pobres del campo y no pueden ser acumuladas posteriormente en extensiones superiores a las entregadas a campesinos. Preocupa la afectación al tejido social de la zona, puesto que la compra de tierras por parte de grandes corporaciones saca a las comunidades de sus territorios tradicionales, teniendo en cuenta que en la zona también habitan diferentes grupos indígenas. Igualmente, los proyectos desarrollados en estas zonas también pueden traer graves consecuencias ambientales, que afecten un ecosistema frágil y caracterizado por su alta biodiversidad y abundantes recursos hídricos.

En este proceso de acaparamiento se han visto involucradas compañías europeas como Poligrow, la cual compró 5.577 hectáreas, triplicando los límites legales. Sus tierras se ubican Mapiripán, un municipio conocido por graves hechos de violencia, como la masacre perpetuada por grupos paramilitares en 1997.

También se destaca el hecho de que otras naciones europeas hayan sido utilizadas por estos acaparadores de tierras para esquivar el control a sus inversiones. Tal es el caso de Riopaila Castilla, un ingenio colombiano productor de azúcar, que constituyó un fondo de inversiones en Luxemburgo para garantizar la propiedad sobre diferentes predios, que una serie de empresas ficticias habían comprado, con el objetivo de violar las limitaciones legales de concentración de la tierra.

El gobierno colombiano ha promovido estos grandes proyectos y se ha mostrado permisivo con las violaciones a la ley que se han cometido. Inclusive, altos funcionarios como el embajador colombiano en Estados Unidos, Carlos Urrutia, fue director y accionista del bufete de abogados que diseñó la estrategia jurídica que utilizó Riopaila Castilla y Cargill para burlar los límites legales al acaparamiento. La entidad encargada de adelantar las demandas para anular las compras de tierras contrarias a la ley no ha puesto la atención suficiente y los procesos judiciales no han producido resultados concretos, a pesar de todas las evidencias. Al contrario, el gobierno ha intentado modificar la legislación, adecuándola a los intereses de los grandes empresarios.

Adicionalmente, se ha denunciado que la Ley de víctimas y restitución de tierras pareciera ser un intento por dinamizar el mercado de tierras, pues garantiza más la seguridad jurídica a los inversores, que la seguridad física a los propios reclamantes de tierras. El objetivo de la ley de resarcir los daños causados a las víctimas del conflicto colombiano no está avanzando como previsto, apenas llevan 200 sentencias en casi tres años de vigencia.

Condenamos el hecho que líderes políticos y de restitución de tierras que han adelantado estas denuncias, hayan recibido amenazas contra su vida. Ejemplo de ello es el Congresista del Partido de la oposición Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, al igual que otros parlamentarios de la oposición, defensores y líderes comunales, indígenas, de víctimas, y de restitución de tierras quienes fueron el blanco común de las agresiones en el primer semestre de 2013. Les manifestamos a ellas y a ellos nuestra solidaridad y esperamos que las autoridades colombianas dispongan de la protección necesaria para salvaguardar sus vidas y encontrar a los responsables de estas agresiones e intimidaciones.

Llamamos la atención de la comunidad europea sobre este fenómeno, que agrava la concentración de las tierras en Colombia, un asunto determinante para el prolongado conflicto armado de ese país. También para que esté atenta a actuaciones ilegales y violaciones a los Derechos Humanos que involucren a compañías europeas. Y del mismo modo, para que se den garantías plenas a la oposición política en Colombia y se respeten los derechos de los líderes que están en peligro.

Firman

Jürgen Klute, eurodiputado alemán, Delegación Asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana

Ana Maria Gomes, eurodiputada portuguesa, Comisión Asuntos Exteriores

Patrick le Hyaric, eurodiputado francés, Comisión de Agricultura

Barbara Lochbihler, eurodiputada alemana, Presidenta Comisión de Derechos Humanos

Gianni Vattimo, eurodiputado italiano, Vicepresidente de Delegación Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Thijs Berman, eurodiputado holandés, Comisión de Derechos Humanos

Gabriele Zimmer, eurodiputada alemana, presidenta del grupo de la Izquierda Unida Europea/verde Nórdica

Alda Sousa, eurodiputada portuguesa, Comisión de Presupuestos

Raül Romeva i Rueda, eurodiputado español, Delegación Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Helmut Scholz, eurodiputado alemán, Comisión del Comercio Internacional.

Miloslav Ransdorf, eurodiputado checo, Comisión de Industria, Investigación y Energía

David Martin, eurodiputado inglés, Comisión del Comercio Internacional.

Marisa Matias, eurodiputada portuguesa, Comisión de Industria, Investigación y Energía

Nikolaos Chountis, eurodiputadogriego, Comisión Asuntos Económicos y Monetarios.

Sabine Lösing, eurodiputada alemana, Comisión Asuntos Exteriores

Ulrike Lunacek, eurodiputada austriaca, Comisión de Asuntos Exteriores

Marie-Christine Vergiat, eurodiputada francesa, Comisión de Derechos Humanos

Martin Häusling, eurodiputado alemán, Delegación a la Asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana

Willy Meyer, eurodiputado español, Vice-presidente de la Comisión Asuntos Exteriores

Thomas Händel, eurodiputado alemán, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Jean Lambert, eurodiputada inglesa, Conferencia de los presidentes de Delegación

Catherine Grèze, eurodiputada francesa, Comisión de Desarrollo

Bart Staes, eurodiputado belga, vicepresidente Comisión de Control Presupuestario

Ska Keller, eurodiputada alemana, Comisión del Comercio Internacional.

Martina Anderson, eurodiputada irlandesa, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria